Tomado de Instructoressena
La validez de los títulos que otorga el SENA a sus egresados y los parafiscales, son dos temas que han despertado el interés de los miembros de la institución en los últimos días.
En el primer caso informaciones infundadas que circularon el mes pasado, en el sentido de que los programas del SENA no tienen registro calificado, intentaron restar validez legal a los títulos de formación. En el segundo, algunas voces insisten en que es necesario desmontar esos aportes que hacen las empresas y los trabajadores para sostener al SENA.
Sobre los programas de formación del SENA vale la pena recordar que la autonomía del SENA y la validez de sus títulos se sustenta en las leyes 30 de 1992 y 119 de 1994. En su artículo 137 la primera de ellas señala que el SENA funcionará de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustará conforme a lo dispuesto en la presente ley.
La Ley 119 de 1994 que reforma el SENA y fue expedida, según las organizaciones sindicales por haber sido una ‘iniciativa de carácter popular’ consagró en su artículo 4° como funciones de la entidad: “Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas (…) y expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales autoricen.
En conclusión fue esta última ley la que facultó al SENA, tanto para ofrecer formación a nivel de técnicos y tecnólogos, como para expedir los correspondientes títulos. Ni la naturaleza jurídica, ni las funciones del SENA contenidas en esta ley han sido modificadas por el Congreso de la República.
Ante las informaciones que desvirtuaban la validez de los títulos el Ministerio de Educación Nacional, el pasado 30 de abril de 2010, emitió un comunicado para ratificar a la comunidad del SENA que los programas técnicos y tecnológicos de educación superior de la entidad educativa tienen validez conforme a las disposiciones legales.
Por último, el Ministerio de Educación ratificó que, desde “el Decreto Ley 80 de 1980, el Congreso de la República le dio al SENA el carácter de institución de educación superior y prerrogativa de ofrecer sus programas académicos sin tener que obtener registro previo de acuerdo con las normas legales vigentes. Esta excepción es similar a las que se establece para la Universidad Nacional de Colombia”.
Sobre los aportes parafiscales
Los parafiscales son la contribución de carácter obligatorio establecida por la ley, asignada a entidades de previsión y seguridad social. Actualmente corresponden al 2% de la nómina de toda empresa o unidad productiva que tengan trabajadores vinculados por contrato de trabajo.
En el caso del SENA, estos representan el 72,6% del presupesto para este 2010, es decir un billón 407.331 millones de pesos, razón por la que el Director General, Darío Montoya Mejía, insiste en que son la vida y oxígeno de la entidad.
Con esos recursos que entregan las empresas y los trabajadores, se hace posible que el SENA materialice todos los servicios gratuitos que presta en: programas y servicios que buscan fortalecer competencias en el mundo laboral, en unidades productivas que generan empleo, en asistencia técnica y administrativa, en servicios tecnológicos y en talento humano.
Algunos analistas insisten en que son impuestos a la nómina, de tal manera que impiden la creación de nuevos empleos. En tal aspecto vale la pena abrir un paréntesis y recordar que esos aportes sólo han sufrido una modificación, en el caso del SENA, desde su creación: comenzaron siendo el 1% de la nómina en 1957 y subieron apenas al 2% en 1982, y ahí se han mantenido desde entonces.
El estudio ‘La parafiscalidad en Colombia’ del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad de la Universidad Externado de Colombia explica que los ejercicios basados en Modelos de Equilibrio General (MEG) mostraron que reemplazar los parafiscales por otra alternativa aumentaría el empleo nacional sólo en aproximadamente un 1% y de manera transitoria.
La validez de los títulos que otorga el SENA a sus egresados y los parafiscales, son dos temas que han despertado el interés de los miembros de la institución en los últimos días.
En el primer caso informaciones infundadas que circularon el mes pasado, en el sentido de que los programas del SENA no tienen registro calificado, intentaron restar validez legal a los títulos de formación. En el segundo, algunas voces insisten en que es necesario desmontar esos aportes que hacen las empresas y los trabajadores para sostener al SENA.
Sobre los programas de formación del SENA vale la pena recordar que la autonomía del SENA y la validez de sus títulos se sustenta en las leyes 30 de 1992 y 119 de 1994. En su artículo 137 la primera de ellas señala que el SENA funcionará de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustará conforme a lo dispuesto en la presente ley.
La Ley 119 de 1994 que reforma el SENA y fue expedida, según las organizaciones sindicales por haber sido una ‘iniciativa de carácter popular’ consagró en su artículo 4° como funciones de la entidad: “Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas (…) y expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales autoricen.
En conclusión fue esta última ley la que facultó al SENA, tanto para ofrecer formación a nivel de técnicos y tecnólogos, como para expedir los correspondientes títulos. Ni la naturaleza jurídica, ni las funciones del SENA contenidas en esta ley han sido modificadas por el Congreso de la República.
Ante las informaciones que desvirtuaban la validez de los títulos el Ministerio de Educación Nacional, el pasado 30 de abril de 2010, emitió un comunicado para ratificar a la comunidad del SENA que los programas técnicos y tecnológicos de educación superior de la entidad educativa tienen validez conforme a las disposiciones legales.
Por último, el Ministerio de Educación ratificó que, desde “el Decreto Ley 80 de 1980, el Congreso de la República le dio al SENA el carácter de institución de educación superior y prerrogativa de ofrecer sus programas académicos sin tener que obtener registro previo de acuerdo con las normas legales vigentes. Esta excepción es similar a las que se establece para la Universidad Nacional de Colombia”.
Sobre los aportes parafiscales
Los parafiscales son la contribución de carácter obligatorio establecida por la ley, asignada a entidades de previsión y seguridad social. Actualmente corresponden al 2% de la nómina de toda empresa o unidad productiva que tengan trabajadores vinculados por contrato de trabajo.
En el caso del SENA, estos representan el 72,6% del presupesto para este 2010, es decir un billón 407.331 millones de pesos, razón por la que el Director General, Darío Montoya Mejía, insiste en que son la vida y oxígeno de la entidad.
Con esos recursos que entregan las empresas y los trabajadores, se hace posible que el SENA materialice todos los servicios gratuitos que presta en: programas y servicios que buscan fortalecer competencias en el mundo laboral, en unidades productivas que generan empleo, en asistencia técnica y administrativa, en servicios tecnológicos y en talento humano.
Algunos analistas insisten en que son impuestos a la nómina, de tal manera que impiden la creación de nuevos empleos. En tal aspecto vale la pena abrir un paréntesis y recordar que esos aportes sólo han sufrido una modificación, en el caso del SENA, desde su creación: comenzaron siendo el 1% de la nómina en 1957 y subieron apenas al 2% en 1982, y ahí se han mantenido desde entonces.
El estudio ‘La parafiscalidad en Colombia’ del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad de la Universidad Externado de Colombia explica que los ejercicios basados en Modelos de Equilibrio General (MEG) mostraron que reemplazar los parafiscales por otra alternativa aumentaría el empleo nacional sólo en aproximadamente un 1% y de manera transitoria.
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